El PP explica que sólo se utiliza el 28,5% de los 140 hm3 autorizados en concesiones de agua de las unidades hidrogeológicas clasificadas de Balears

La portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, ponente del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Activación Económica en materia de Industria y Energía, que tramita el Parlament balear, ha defendido la enmienda por la que se autoriza la extracción de agua en  las unidades hidrológicas clasificadas, “ya que, frente a lo que la izquierda pretende presentar como ‘barra libre’, en realidad se realizará porque los acuíferos lo permiten, y siempre con el informe preceptivo y vinculante de la dirección general de Recursos Hídricos”.

 

Así, la diputada del Grupo Parlamentario Popular ha explicado que “por supuesto que se han redactado estudios técnicos que avalan plenamente esta  ampliación, ya que en todo momento actuamos con rigor y seriedad”.

 

Asunción Pons ha explicado que tanto el Servicio de Estudios y Planificación de Recursos Hídricos, del Govern balear, como los datos de los piezómetros –a través de los que la Conselleria mide los niveles de agua y calidad de las diferentes masas de aguas-, y los últimos estudios del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), “han puesto de manifiesto que la ampliación de la utilización de los acuíferos en Balears es perfectamente viable”.  En la última década la superficie agraria de regadío ha caído un 30% y el número de explotaciones ganaderas un 80%.

 

Según los datos aportados por la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear, de los 140 hm3 de concesiones de agua para riego actualmente otorgadas, sólo se utilizan en la actualidad 40 hm3, es decir, un 28,5%. “No constituye ninguna desmesura añadir 4 hm3 a las concesiones vigentes”, ha manifestado Asunción Pons.

 

Asimismo, la diputada popular ha afirmado que sólo se dará agua de las Unidades Hidrogeológicas Clasificadas a quien realmente la necesita, es decir, a agricultores y ganaderos profesionales (que son los que están inscritos en el registro de explotaciones agrarias prioritarias), a los que están en activo y que la precisan porque no tienen suficiente en la actualidad para el desarrollo de su actividad. Todo ello debe acreditarse mediante estudios técnicos ante la Dirección General de Recursos Hídricos, a quien compete la autorización.

 

Impulso de la economía

 

Asunción Pons ha explicado, además, que con esta enmienda se favorece el desarrollo de nuevos proyectos agrarios, al reactivar la actividad económica y facilitar las inversiones.  La agricultura rentable es la ligada al agua. “Por ejemplo, frutales y hortalizas, plantaciones de olivos, oleoturismo, agroturismos, etc. En este caso no se les obligará a que sean explotaciones prioritarias, pero sí a que se inscriban en el registro general de explotaciones agrarias”.

 

Fórmula que ya utilizó el Pacte        

 

Por otro lado, la diputada popular ha recordado que en 2005 se aprobó el Decreto 58/2005, de 27 de mayo, por el que se reguló el otorgamiento de concesiones de aguas subterráneas para los usos agrarios. “Con este decreto se concedían hasta 5 Hm3 para uso agrario, y esta aportación de 5 hm3 la aprobó el primer Govern del Pacte por un acuerdo de la Conselleria de Medi Ambient, que aprobó la entonces consellera Margalida Rosselló, de Els Verds, y el director general de Recursos Hídricos, Antonio Rodríguez”.

 

Este decreto ha estado vigente hasta cinco años después de su aprobación, es decir, hasta mayo de 2010, y el anterior Govern, siendo Gabriel Vicens (PSM) conseller del área, sacó a exposición pública otro decreto en este sentido que, finalmente, no fue aprobado.

 

“En el PP no estamos inventando nada, no entendemos que se critique una solución que fomenta la economía, que no pone en peligro nuestras reservas hídricas y que reactiva un sector como el agrícola y ganadero”, ha declarado la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía.

 

La diputada ha manifestado que la solicitud de concesión de agua deberá ir acompañada de un estudio agronómico, redactado por técnico competente, que justifique la demanda. Este estudio, que tiene carácter de requisito necesario para obtener la autorización, será evaluado previamente por la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear antes de otorgar la concesión, cuyo informe favorable es preceptivo y vinculante.

 

Asunción Pons ha lamentado el “alarmismo innecesario” y la “errónea lectura” que hace el PSOE de “una iniciativa bien planteada, técnicamente justificada y políticamente oportuna”.

 

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