Paralizar las obras de la carretera general y volver a proyectarlas podría costar más del doble de lo previsto por el CIMe

El Grupo Popular ha votado hoy en contra de la propuesta de acuerdo de resolución del contrato de obras de mejora de la carretera ME-1 entre Mahón y Alaior en coherencia con la gestión que llevó a cabo durante el pasado mandato y al entender que el proyecto de mejora de la carretera general debía ejecutarse tal y como estaba planteado, cumpliendo con las garantías técnicas y jurídicas establecidas para una obra de estas características, un proyecto certificado por los técnico del Consell Insular de Menorca y avalado por la Comisión de Medio Ambiente del Govern balear.

 

El Grupo Popular manifiesta que se trata de una decisión política motivada por un compromiso que adquirió el actual equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca en el que acordaron la paralización de las obras de la carretera de manera inmediata; y aprovechar, mientras se trabaja en las rotondas con consenso (Alaior y Aeropuerto), para modificar el proyecto con la intención de eliminar las rotondas innecesarias (Rafal Rubí, l’Argentina y Biniai).

 

El Grupo Popular desmiente las declaraciones de la presidenta del Consell Insular de Menorca en las que asegura que el proyecto era inviable por las carencias encontradas y por su sobrecoste.

 

En primer lugar, la UTE Dragados-Antonio Gomila licitó libremente junto a otras 8 empresas a la ejecución de la obra, salió ganadora por las mejoras que incorporaba al proyecto. Tres meses después de haber iniciado las obras, 18 de diciembre de 2014, presentó una modificación del proyecto y suspensión temporal parcial de las obras, exigiendo al Consell Insular de Menorca una desviación del presupuesto del 38%, exigencia que el Consell Insular de Menorca no aceptó, de ahí el retraso en las obras, porque el objetivo de la administración es velar por los intereses de todos los menorquines, no defender los intereses de una empresa en particular.

 

El Grupo Popular pide a Maite Salord que publique los informes técnicos que demuestran que el Consell de Menorca debía asumir el sobrecoste que la empresa reclamaba, en vez de exigir el cumplimiento del contrato tal como estaba estipulado.

 

En segundo lugar, la adenda al convenio firmada en diciembre de 2014, el único texto aprobado por el Consejo de Ministros, y aprobada en pleno del Consell Insular de Menorca en abril de 2015 durante el mandato del Partido Popular, contempla una reprogramación de las obras con un plazo global de ejecución hasta diciembre de 2018. También contempla ese mismo texto, aunque el Consell Insular de Menorca no haya hecho referencia, que el tramo Mahón-Alaior debía estar finalizado a principios de 2016, teniendo en cuenta que el plante de la empresa provocó un retraso en la ejecución de las obras y que el actual Consell Insular de Menorca paralizó las obras, es evidente que la administración no podrá cumplir con los plazos estipulados.

 

El Grupo Popular pide a Maite Salord que muestre la adenda al convenio aprobada por el Consejo de Ministros que le ha permitido reprogramar las obras, tal y como ha afirmado, dado que es la única vía para alargar los plazos de la ejecución del proyecto.

 

No obstante, el Grupo Popular ya advirtió de las consecuencias económicas que esta decisión supondría para el Consell Insular de Menorca. Y es que, aunque la presidenta del Consell Insular de Menorca, Maite Salord, haya manifestado que el contrato se rescinde de mutuo acuerdo, no existe base legal que así lo confirme, dado que el Consell Insular de Menorca deberá afrontar una serie de gastos que hasta el momento se elevan a 300.000 euros.

 

Ahora, tras el acuerdo entre la empresa constructora y el Consell Insular de Menorca, se entiende que la administración ha asumido las exigencias de la constructora para poder rescindir el contrato. De ahí, los 300.000 euros que deberán abonar a la empresa para reconocer gastos realizados por la constructora, trabajos al margen del contrato (nueva contratación) y nueva señalización para dotar el tramo de seguridad.

 

A esta cantidad, habrá que sumar la redacción del nuevo Proyecto de Trazado y Proyecto Constructivo, alrededor de 200.000 euros, resolver la contratación de Dirección de Obra y de Seguridad y Salud, y asumir el coste de la demolición de las rotondas, más estudios y otros gastos a cargo del convenio para el tramo 1 de la ME-1, información que la presidenta del Consell Insular de Menorca no ha esclarecido.

 

El Grupo Popular pide celeridad a la hora de acondicionar la seguridad de la carretera y espera que el equipo de gobierno asuma sus responsabilidades y ejecute la obra antes de que finalice el mandato, hecho que pone en duda, teniendo en cuenta que el equipo de gobierno ha necesitado 7 meses para rescindir el contrato y supuestamente llegar a un ‘mutuo acuerdo’ con la empresa constructora.

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