El PP acusa a la izquierda de recurrir constantemente a la memoria histórica ante su falta de proyecto de futuro

El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Alejandro Sanz, ha participado hoy en la comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, durante el debate de una proposición no de ley, presentada por el Grupo Més, relativa a las víctimas del franquismo.

 

El diputado menorquín ha explicado que la Ley de Memoria Histórica se está aplicando dentro de las posibilidades económicas por las que atraviesa la administración, y como ejemplo de ello, desde el 2006 hasta el pasado año, se dieron 25 millones de euros a las asociaciones de memoria histórica en el conjunto de España.

 

Respecto al informe de las Naciones Unidas, el Gobierno está en contacto con dicho organismo para intentar dar respuesta a las recomendaciones realizadas, de hecho en algunas se está a favor y se está trabajando en esta línea. Entre las distintas recomendaciones de Naciones Unidas, se encuentra la elaboración de una Ley de Acceso a la Información, que el Gobierno central ya ha aprobado.

 

Sobre otro punto del informe, el de la configuración como delito autónomo de la desaparición forzada; hay un equipo de trabajo en el Ministerio de Justicia que está buscando la tipificación de este delito, y ya se ha adelantado al grupo de trabajo de Naciones Unidas.

 

En cuanto a la retirada de símbolos del franquismo, que coincide con el punto 6 de la PNL, ya se han retirado el 86% de los símbolos identificados por la comisión técnica que se creó para ello, y el resto son símbolos que, o bien tienen especial valor artístico-cultural, o exigen un procedimiento administrativo especial de más lenta duración.

 

En lo referente a otro punto del informe, el relativo al robo de niños, se ha creado un servicio de información de afectados en el Ministerio de Justicia, se ha creado un banco de datos de ADN a efectos de identificación, se han dado instrucciones muy concretas a la Fiscalía General del Estado, y se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado. “¿Cómo no va a estar de acuerdo el Estado español en resolver y trabajar a fondo con Naciones Unidas en esta cuestión?”, ha dicho Sanz.

 

El Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra de la proposición porque, tal y como ha manifestado el parlamentario menorquín, “este Gobierno está trabajando y está aplicando la ley para la reparación moral de las víctimas. Por tanto, al presentar este tipo de iniciativas, lo que ponen de manifiesto es la falta de proyecto político de la izquierda, su falta de alternativa al Gobierno del Partido Popular, y el uso partidista de la Ley de Memoria Histórica”. Además, ha añadido Sanz, “volvemos a debatir un tema reiterado una vez más por los partidos de la oposición sobre unos hechos que sucedieron ya hace casi un siglo, cuando la sociedad no pide discursos o debates populistas, pide que en lugar de criticarnos constantemente entre nosotros, nos preocupemos de los problemas actuales y les busquemos soluciones”.

 

 

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