El PP, a favor de las medidas para refinanciar las deudas empresariales y evitar los concursos de acreedores

La portavoz de Economía del Grupo Popular, Asunción Pons, ha defendido hoy los principios que regulan la Ley Concursal, así como las distintas medidas que se han puesto en marcha desde el Gobierno central para proteger a autónomos y emprendedores, durante el debate de una proposición no de ley, presentada por el Grupo Més, relativa a una reforma urgente de la ley, estableciendo un sistema de ‘fresh-start’.

 

Asunción Pons ha explicado que el principio de responsabilidad patrimonial universal es un elemento básico de nuestro ordenamiento jurídico privado, pero también es esencial en nuestro sistema productivo. Se trata de la única manera razonable de asegurar que los acreedores podrán cobrar. Romper esta regla del artículo 1.911 del Código Civil pondría en entredicho la seguridad jurídica en todo el ámbito económico; y se vería perjudicado desde el empresario más grande hasta el más joven emprendedor, afectando a todos los consumidores y usuarios.

 

En la parte expositiva de la PNL se afirma que “cuando una empresa se encuentra en una situación de insolvencia, puede ir al concurso de acreedores”. Una afirmación que la diputada menorquina ha querido matizar, porque “con carácter previo a la declaración de un concurso de acreedores, existen instituciones jurídicas que sirven precisamente para evitarlo” y son las siguientes: preconcurso de acreedores, acuerdos de refinanciación, propuestas anticipadas de convenio y el acuerdo extrajudicial de pagos, que fue introducido por el PP en la Ley de Emprendedores del año 2013.

 

Además, esta misma ley ya ha creado la figura del emprendedor de responsabilidad limitada, gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual bajo determinadas condiciones.

 

Este año, el Partido Popular ha aprobado el Real decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial que permite la suspensión de ciertas ejecuciones judiciales mientras duran las negociaciones para conseguir un acuerdo de refinanciación.

 

Recientemente también ha dictado el Real decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, sobre medidas urgentes en materia concursal, que flexibiliza el régimen jurídico del convenio con el objetivo de que un mayor número de concursos puedan acabar de una manera pactada entre el deudor y el acreedor.

 

Asunción Pons ha manifestado que la proposición hace una lectura muy parcial, e incluso exagerada, de la Ley Concursal, al afirmar que “no distingue entre personas físicas y jurídicas, se aplica el mismo régimen con muy negativas consecuencias”; y que “la persona física que ha sobrevivido al concurso, habrá perdido todos sus bienes (liquidados) y además habrá aumentado sus deudas”.

 

Una persona física —por mucho que se vea sometida a un concurso de acreedores— siempre conservará una retribución superior al salario mínimo interprofesional. No es cierto, por lo tanto, que el actual sistema normativo permita que una persona quede en situación de desamparo tal como afirma, erróneamente, la proposición.

 

También es contradictorio afirmar que el fracaso empresarial fortuito sólo ha sido contemplado desde la perspectiva de los intereses bancarios; y admitir, a la vez, que los créditos de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social disfrutan de un privilegio especial por garantizar el cobro.

 

Esta es una medida muy lógica, si tenemos en cuenta que España es un Estado social y que tanto la Hacienda Pública como la Seguridad Social son fundamentales para conseguir la transformación social que exige la misma Constitución.
El Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra de la PNL porque la propuesta de ‘fresh-start’ es absolutamente incoherente con los criterios y planteamientos del Gobierno central (que se han mantenido siempre, también con gobiernos del PSOE).

 

Además, se han creado varias medidas para paliar el concurso a las personas físicas. Este tipo de insolvencia ha sido objeto de un tratamiento legislativo particular en los Reales decretos-ley 4/2014 y 11/2014, que en ningún caso no contemplan el ‘fresh-start’ ni nada que se asemeje.

 

“Introducir el ‘fresh-start’ en España no haría más que contribuir a la picaresca. Una condonación generalizada de deudas como la que plantea esta PNL constituiría un grave acto de irresponsabilidad y sería catastrófica para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social, pero también para la fiabilidad y confianza de nuestro sistema económico”, ha concluido Asunción Pons.

 

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