El Parlament rechaza la protección de las modalidades lingüísticas insulares

El Parlament ha votado hoy la propuesta del Pi de modificación de la Ley 3/1986 de Normalización Lingüística, que ha quedado aprobada con los votos a favor de Més, PSOE, Podemos, quienes han rechazado todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.

 

El diputado Juan Manuel Lafuente ha lamentado que no se haya aprobado ninguna de las enmiendas presentadas, teniendo en cuenta que solo afectaban a tres artículos, y que pretendían reflejar el máximo consenso. El objetivo era el de articular una ley con la que todos los ciudadanos puedan sentirse cómodos, y gobierne quien gobierne, pueda desarrollar sus políticas con una ley que goce de un amplio consenso, dentro del marco Constitucional y  Estatutario.

 

“Con el ánimo de que la defensa de la lengua propia, que también es la lengua española, amparada por la Constitución, y plenamente compatible con la defensa de la lengua común de todas las Comunidades Autónomas, entendiéndolas, no como lenguas enfrentadas, sino como lenguas complementarias que conviven en libertad, respeto y tolerancia, y suponen una mayor riqueza cultural para nuestra comunidad”, ha dicho Lafuente durante su intervención.

 

Juan Manuel Lafuente había presentado una serie de propuestas que pretendían, entre otras cuestiones, garantizar el derecho de las personas a no sufrir discriminación por razones lingüísticas, así como promover el estudio, la protección y el uso de las modalidades insulares del catalán de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

 

“Discreparemos de quienes pretendan imponer una lengua en contra de otra, de quienes utilizan la lengua para el enfrentamiento, de quienes utilizan la lengua como arma política para defender proyectos independentistas. De quienes utilizan la lengua para imponer coactivamente sus proyectos excluyentes”, ha dicho el diputado menorquín.

 

Lafuente también ha defendido que los topónimos sean oficialmente en catalán y dejar la posibilidad de una excepción si hay un amplio consenso municipal para su denominación en ambas lenguas, respetando el principio constitucional de autonomía municipal. La propuesta contemplaba que para establecer cambios de denominación en los topónimos de los municipios, fuera necesario el voto favorable de dos tercios del pleno municipal.

 

“Desgraciadamente, observamos en ponencia y en comisión una nula voluntad de llegar a acuerdos, ni tan siquiera de hablar, de negociar, de buscar un mínimo consenso. Más bien lo contrario, todo intento de negociación ha sido respondido, o con el silencio, o con “esto es lo que hay, vosotros lo aprobasteis con vuestra mayoría absoluta, nosotros lo quitamos”, ha lamentado el parlamentario del Grupo Popular.

 

 

 

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