El Parlament aprueba una Proposición del PP que reclama a la UE que tenga en cuenta la insularidad en la Política Pesquera Común

El Parlament de les Illes Balears ha aprobado una Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que se insta al Govern de Baleares a gestionar ante el Ejecutivo Central la incorporación, en el nuevo reglamento de la Política Pesquera Común, el hecho de la insularidad y la doble insularidad, así como el impacto que ocasiona en costes, funcionamiento y organización para el sector pesquero de las Baleares.

Esta Proposición, que ha sido hoy defendida por la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, durante la Comisión de Economía del Parlament, ha contado con el voto favorable, en dos de los cuatro puntos, de todos los grupos políticos de la oposición.

La diputada menorquina ha destacado que de manera simultánea, la Unión Europea define ahora una nueva Política Pesquera Común, con la tramitación de un nuevo reglamento; y, a la vez, el Govern balear redacta la de Ley de Pesca Marítima, Marisqueo y Acuicultura. Esta ley, que la Federación de Cofradías de Pescadores de Baleares acaba de calificar de “hito histórico para el sector pesquero profesional”, integra la normativa europea, de obligado cumplimiento, y también los criterios de la nueva Política Pesquera Común.

La comunidad de las Islas Baleares no ha dispuesto nunca de una ley propia de Pesca Marítima, y “es para el Govern balear del Partido Popular un compromiso y un objetivo de este mandato”, ha dicho Pons durante su intervención. Estos dos marcos legales –la nueva Política Pesquera Común y la Ley de Pesca de Baleares- definirán la actividad del sector pesquero de las Baleares, a partir de ahora y durante los próximos años. “De aquí su impacto e importancia”.

La parlamentaria ha explicado que la nueva Política Pesquera Común, que tiene que entrar en vigor en 2013, tendrá incidencia en tres grandes aspectos en esta comunidad autónoma: La obligatoriedad de transportar, dentro de la embarcación y hasta el puerto base, todos los descartes; o sea, la parte de las capturas que se devuelve al mar porque no se puede o no se quiere vender; q cada embarcación dispondrá de cuotas por especies, y finalmente define la pesca artesanal exclusivamente en una eslora de 12 metros, a partir de la que será de obligada aplicación; pero sin valorar la realidad de la Mediterránea y concretamente de los pescadores de nuestras Islas.

La diputada ha afirmado que el Govern balear del Partido Popular se ha preocupado desde un primer momento; por lo que ha presentado diez enmiendas en el dictamen de ‘Propuestas Legislativas sobre la reforma de la Política Pesquería Común’ ante el Comité de las Regiones; y el conseller Gabriel Company ha intervenido en la Conferencia Sectorial de Pesca y el Consejo Consultivo de Política Pesquera para defender las reivindicaciones de los pescadores de Baleares.

Pons ha recordado que el conseller Company ha expuesto que los pescadores de Baleares capturan diferentes especies y emplean distintas artes de pesca. También ha pedido que sea redefinido el concepto de ‘pesca artesanal’ que aparece en la actual normativa europea, y en su lugar, que sean reconocidas las particularidades de nuestra pesca artesanal.

La parlamentaria ha destacado que el PP no es contrario a esta norma comunitaria, porque presenta aspectos muy positivos. Por ejemplo, fomenta la trazabilidad, con la obligatoriedad de indicar el origen y la fecha de captura, hecho que favorece a la flota de Baleares, que exclusivamente captura pescado del día de primera calidad. “Pero hay que actuar con serenidad y a la vez reclamar con contundencia –aportando razones y argumentos- para reducir sus impactos sobre el sector pesquero de Baleares”.

Pons ha remarcado algunos aspectos que se tendrán en cuenta cómo son las diferentes peculiaridades sociales y geográficas, en particular la insularidad, la definición de pesca artesanal, al ser calificada como “la practicada por embarcaciones de menos de 25 metros de eslora que pescan con una marea de menos de 25 horas, volviendo cada día a su puerto base”, o la aplicación de un mecanismo que permita establecer excepciones en la obligación de desembarcar todas las capturas en todos aquellos casos que, por razones de insularidad u otros semblantes, no sea posible hacerlo, entre otras cuestiones.