El Parlament aprueba una Proposición del PP que reclama a la UE otras compensaciones por los sobrecostes de la insularidad
El Parlament de les Illes Balears ha aprobado hoy una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para apoyar las iniciativas, propuestas y medidas presentadas por el Govern al Proyecto de Dictamen sobre Problemas Específicos de las Islas, que redacta el Comité Económico y Social Europeo.
Esta Proposición, que se ha aprobado por unanimidad, tiene por objetivo conseguir un mejor reconocimiento y más adecuada compensación de los costes de la insularidad en Baleares.
Durante el pleno del Parlament, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, ha defendido la Proposición y ha destacado el informe redactado por el Gobierno titulado “SOS. La agricultura de las Islas Baleares en peligro de extinción” que fue entregado el día 9 de marzo por el conseller Gabriel Company al comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos.
Este documento explica la precariedad, las dificultades y la incertidumbre del campo en Baleares por la negativa evolución del sector en los últimos años.
Los agricultores de Baleares soportan, en comparación con las explotaciones de la península, unos grandes incrementos en los costes de producción, que ponen en peligro y hacen inviable la continuidad del sector primario. La diputada ha señalado que los precios de los piensos son superiores en Baleares en un 45% respecto a la península; en el gasóleo el incremento es de un 5%, y en los fertilizantes es de un 20%. Sólo estos tres sobrecostes ya suman 22 millones de euros.
En cambio, ha asegurado Pons, “en los precios que cobramos por los productos agrícolas sufrimos diferenciales negativos”. La diferencia media entre península y Baleares en 2011 fue de 20 euros por res ovina. Con 160.000 animales sacrificados anualmente supone perder 3,2 millones de euros.
Según los datos del FEGA, los ganaderos de Baleares son quienes cobran el precio de la leche de vaca más bajo de toda España, y seguramente de toda la Unión Europea: 0,29 euros/litro de media, mientras que en la península se paga a 0,33 euros/litro. La cuota lechera de Baleares es de 87,2 millones de litros, por lo tanto, supone cobrar 3 millones de euros menos.
El resultado de todo esto es que mientras en la península la renta agraria se ha incrementado en un 8% entre 2000 y 2009, en las Baleares se ha reducido en un 40%. La superficie agrícola útil y de regadío también ha sufrido un fuerte descenso, con una disminución del 29% ante el 2% que bajó en la península.
La parlamentaria menorquina ha afirmado que el informe entregado al comisario Ciolos señala el fracaso rotundo de la PEC cómo una de las principales causas por las que la agricultura de Baleares no funciona. El motivo de este fracaso es la ineficacia de la mayoría de las ayudas, calculadas con parámetros y criterios continentales; que no sirven en Baleares, una de las regiones de la Unión Europea que menos euros recibe por hectárea de superficie agrícola.
El Comité de las Regiones ya ha votado el proyecto de dictamen de la reforma de la PEC que se aplicará después del 2013 y ha incorporado las enmiendas presentadas por el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá.
Entre estas figura la redistribución de ayudas, pero con la advertencia de que la propuesta de la Comisión Europea es insuficiente por las regiones insulares; crear programas específicos para las Islas; e incentivar la producción en zonas con desventajas naturales.
Por lo tanto, el Gobierno balear, con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, propone un régimen propio para las Baleares, que consiste en un Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad.
Estos programas tienen en cuenta las dificultades geográficas y económicas de las regiones, con libertad para aplicar políticas propias de apoyo a la agricultura.
Es una fórmula con la que ya cuentan hoy otras territorios insulares de la Unión Europea, como las islas Azores y Madeira; que el año pasado recibieron 106 millones de euros; los departamentos franceses de Ultramar, con 278 millones; y las Islas Canarias, con 268. Todas estas cifras contrastan con los sólo 32,9 millones que recibieron las Baleares en aportaciones de la Unión Europea por la agricultura y ganadería.
Pons ha afirmado que ha llegado el momento de conseguir una reorientación del modelo de ayudas de la Unión Europea, que hoy no beneficia en Baleares. El objetivo es que las explotaciones agrarias de Baleares puedan competir en iguales condiciones que las situadas en la Península.
En definitiva, “reclamamos un régimen específico para Baleares, que reconozca el hecho de nuestra insularidad como una desventaja competitiva; y aporte recursos similares como los que ya obtienen hoy las islas antes mencionadas”, ha concluido la diputada.