El Parlament aprueba la proposición del PP-Menorca para recuperar el consenso en torno a la Ley Agraria

La Comisión de Economía insta al Govern a no demorar el desarrollo,
reglamentación y aplicación de las medidas e instrumentos de esta ley
para la reactivación de la actividad agrícola-ganadera

  La diputada Asunción Pons, autora de la iniciativa, reclama la
participación del Consell de Menorca y advierte que “Mae de la Concha
no puede actuar de espaldas al sector como hizo el anterior conseller
de Agricultura”
  Asunción Pons: “En este mandato el Govern Armengol ya se ha visto
obligado a recuperar artículos de la primera Ley Agraria, promovida por
Gabriel Company, para evitar el recurso del Tribunal Constitucional”.

 

El Parlament insta al Govern a “recuperar el consenso en torno a la
Ley Agraria de Balears mediante el diálogo con las organizaciones profesionales, las
cooperativas agrarias y los consells insulars”. Este acuerdo ha sido aprobado en la
Comisión de Economía por todos los grupos políticos, excepto Més per Mallorca, al
aceptar la proposición del PP-Menorca que ha sido presentada y defendida por su
autora, la diputada Asunción Pons.
También ha acordado esta comisión del Parlament instar al Govern a “no
introducir nuevas modificaciones en la Ley Agraria sin el acuerdo con el sector”; y a
“gestionar, desde la Conselleria de Agricultura, al desarrollo, reglamentación y
aplicación de las medidas contenidas en la ley para dar instrumentos e iniciativas
destinadas a la reactivación de la actividad agrícola-ganadera de Balears”.

El único punto que no ha prosperado consiste en determinar, durante este año,
la cuantificación y calendario para la “dotación y aplicación efectiva de las medidas
de la Ley Agraria en favor del sector primario de Balears con el objetivo de prever e
incorporar estas partidas en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, con
carácter plurianual”.
La diputada Asunción Pons ha reclamado la participación del Consell de
Menorca en la reglamentación y aplicación de la Ley Agraria de Balears: “El Consell
de Menorca -ha afirmado- no puede quedar al margen por el peso que tiene el sector
primario en esta isla”.
También ha solicitado “clarificar y explicar” quién formará la comisión de
trabajo anunciada por la consellera Mae de la Concha para el desarrollo de la Ley
Agraria, “porque aún no ha sido constituida, cuál es su calendario de reuniones y qué
plazos se han fijado”.
“En caso contrario, llegaremos a final de año y no se habrá hecho nada, sólo
anuncios y declaraciones de intenciones, como ya nos tiene acostumbrados el Govern
de la Sra. Armengol”, ha denunciado la secretaria general del PP-Menorca. Ha
señalado que “además de la participación de los servicios jurídicos, la comisión de
trabajo ha de contar con una importante representación del sector”.
VICENÇ VIDAL ROMPIÓ EL CONSENSO
Asunción Pons denuncia que el anterior conseller de Agricultura, Vicenç Vidal,
de Més per Mallorca, “rompió en enero de 2019 el amplio acuerdo que había
alcanzado Gabriel Company en diciembre de 2014 al aprobar la primera Ley Agraria
de Balears”.
“Vidal introdujo modificaciones no pactadas consistentes en restricciones,
prohibiciones y exigencia de declaraciones de interés general, con un modelo de
agricultura no profesional, de subsistencia y folklore, que disminuye la rentabilidad y
competitividad de las explotaciones”, señala la diputada del PP menorquín. Estas
modificaciones motivaron la protesta y el rechazo de Asaja-Balears, Fagme, Unión de
Pequeños Agricultores de Balears (UPA), Agrame y el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Balears.

La secretaria general del PP-Menorca advierte que “Mae de la Concha no
puede incurrir en los errores del anterior conseller y no puede volver a actuar de
espaldas al sector como hizo Vicenç Vidal, el mismo que dejó más de 5.000
expedientes de ayudas a los payeses sin tramitar ni pagar”.
También expuso Asunción Pons ante la Comisión de Economía del Parlament
que “en este mandato el Govern Armengol se ha visto obligado a recuperar artículos
de la Ley Company para evitar el recurso del Tribunal Constitucional, tal como
consta en el acta de la Comisión bilateral Administración del Estado-CAIB celebrada
el pasado 19 de diciembre”.
“Pero lo más grave y preocupante -indicó- es que la anterior legislatura fueron
cuatro años perdidos para desarrollar y aplicar la Ley Agraria, con numerosas
cuestiones pendientes como la reglamentación de las agroestancias”.

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