El Parlament aprueba la primera Ley Agraria de Baleares con el consenso de todo el sector

La primera Ley Agraria de Balears, que constituye la actuación prioritaria del Govern del PP para el sector agrícola-ganadero de las islas durante esta legislatura, ha quedado aprobada esta mañana por el pleno del Parlament. “Era un compromiso contraído por el presidente José Ramón Bauzá que se ha cumplido”, ha subrayado la diputada Asunción Pons, portavoz de Economía del Grupo Popular y coordinadora de la ponencia parlamentaria de esta ley. “Es una ley que ordena y regula la actividad agrícola-ganadera, no es una ley urbanística; y contrariamente a lo afirmado por la oposición, que repite la misma crítica que el GOB, no fomenta una nueva burbuja inmobiliaria ni propicia ninguna especulación porque no modifica la normativa de vivienda y no le da ninguna ventaja”, ha defendido Pons.

 

“Mantiene y respeta tanto el espíritu como la letra de la Ley del Suelo Rústico de 1997, el decreto 147/2002, redactado por el exconseller del PSM Mateu Morro, así como la exigencia de parcela mínima de 14.000 metros cuadrados”, ha explicado Asunción Pons. La diputada ha destacado que “en cambio, posibilita la reconstrucción del patrimonio rural ya existente al permitir la recuperación de estas construcciones rurales, muchas de ellas hoy abandonadas por normas que prohíben cualquier obra en rústico”.

 

Asunción Pons ha indicado que la Ley Agraria únicamente permite instalaciones de nueva planta destinadas a usos agrarios, siempre y cuando se justifiquen con producción propia en fincas con actividad. “Es una ley restrictiva –ha señalado- porque legaliza las instalaciones para estos usos, siempre que se hayan construido antes de la Ley 1/1991, estén situadas en explotaciones agrarias en funcionamiento, y sin expediente urbanístico incoado”.

 

Otro aspecto que ha destacado consiste en que los usos agrarios tienen el carácter de admitidos siempre que estén vinculados con la agricultura y la ganadería, y expresamente reconocidos como actividad complementaria. Asunción Pons ha declarado que “la gran novedad y la gran mejora que introduce esta ley consiste en que elimina burocracia al sustituir la declaración de interés general por la declaración responsable; simplifica los procedimientos, pero con pleno respeto a las competencias de los Consells insulars”. También recupera el espíritu inicial de los agroturismos, que ya habían sido definidos en los años 70 como actividad complementaria para la agricultura.

 

 

Acuerdo

 

La diputada menorquina ha afirmado que el primer objetivo de este marco legal que, por primera vez, ordena y regula toda la actividad agrícola-ganadera  en Balears consiste en “dar instrumentos al sector, no subvenciones ni ayudas, para que los titulares de explotaciones agrarias  sean capaces de generar rentas dignas que, como mínimo, cubran los costes de explotación y mantenimiento de las fincas”, ha declarado.

 

En segundo lugar, ha destacado, “exige al Estado y a la Unión Europea el reconocimiento del hecho insular y la compensación de los sobrecostes de insularidad. Además, obliga al Govern a consignar en los presupuestos autonómicos las dotaciones necesarias para la cofinanciación de la PAC (Política Agraria Comunitaria), el PDR (Plan de Desarrollo Rural) y otros programas de impulso y mejora. Por tanto, se garantizan los pagos de las ayudas de la Unión Europea y se evita el riesgo de perder esta financiación complementaria”.

 

La portavoz de Economía ha subrayado que “la Ley Agraria nace fruto del consenso conseguido por el Govern con todas las organizaciones profesionales agrarias, tras meses de negociaciones lideradas por el conseller de Agricultura, Gabriel Company, que ha incorporado las aportaciones efectuadas tanto por los Consells insulars como las OPAS de las islas”. De las propuestas presentadas por las asociaciones, Pons ha subrayado las relativas a las actividades complementarias agro turísticas de diversificación agrarias a través del subsector equino, que en Menorca goza de una gran tradición y será incentivado a través de la Ley.

 

“Esta primera Ley Agraria de Balears da respuesta –ha explicado- a demandas tan importantes como la comercialización directa de los productos agrarios, que ahora ha quedado regulada, y se podrá llevar a cabo directamente desde las fincas; el aprovechamiento del sector forestal como actividad agraria, con el impulso a la producción de biomasa; incluye medidas de apoyo al cooperativismo;  y por primera vez se ordena la gestión de las basuras orgánicas, de forma que las explotaciones ganaderas deberán contar con un sistema de almacenamiento”.

 

 

Enmiendas aceptadas

 

Asunción Pons ha lamentado que “el PSIB-PSOE vuelva a faltar a la verdad, porque contrariamente a lo afirmado por el diputado Marc Pons de que el proyecto de ley llega a la aprobación definitiva con 300 enmiendas vivas, durante las cuatro reuniones de ponencia y comisión han sido aceptadas e incorporadas íntegramente 16 enmiendas, de las que 7 son del Grupo Socialista, una de Més y 8 del PP; y han sido introducidas parcialmente otras cuatro del PSOE, que han sido transaccionadas, lo que pone de manifiesto la voluntad de acuerdo del Grupo Popular”. El PP estaba dispuesto a aprobar otras enmiendas, pero no ha sido posible al no aceptar el PSOE el texto transaccional.

 

También han sido retiradas, durante el trámite parlamentario, 24 enmiendas, 20 del Grupo Més y 4 del Grupo Socialista. El PP valora la diferente actitud del diputado Miguel Angel Mas, de Més, que ha retirado aquellas enmiendas que solicitaban la supresión íntegra de varios artículos. “Por tanto, miente Marc Pons al dar unas cifras que no se corresponden con la realidad del trabajo realizado”. “Tal como recoge el dictamen de la Comisión, han quedado rechazadas aquellas enmiendas que pretendían restar eficacia, desvirtuar y vaciar de contenido una ley que moderniza y da el impulso que necesita la agricultura y la actividad rural de Balears para ser un sector rentable, innovador y competitivo”, ha declarado Asunción Pons.

 

 

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