El PP pide al Ayuntamiento de Mahón que no suba el agua hasta que la Justicia resuelva el Contencioso

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Palma de Mallorca ha aceptado a trámite el recurso contencioso administrativo contra la desestimación del recurso de reposición, interpuesto por el grupo municipal del Partido Popular, a la adenda del contrato de servicio de Agua y Saneamiento del Ayuntamiento de Mahón.

 

El Ayuntamiento de Mahón tiene un plazo de 20 días para presentar el expediente administrativo a que se refiere el acto impugnado. Tal como ha explicado la portavoz del Grupo Popular, Águeda Reynés, dicha addenda supone una compensación económica de 1’9 millones de euros a la empresa concesionaria por unas inversiones ejecutadas durante los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010 que justificaron la prórroga del contrato por 20 años más sin que se produjese su finalización, y nuevo concurso garantizando la pública concurrencia. Entonces se argumentó que ampliando así la concesión hasta el 2029 la empresa concesionaria tendría tiempo de amortizar las inversiones, sin tener que realizar subida de tarifas.

 

Ante dicha situación, el PP pide que se justifique de forma razonable el contrato de concesión y la compensación económica que el mismo contempla. Es decir, que sea la justicia quien dictamine qué cantidad debe abonar el Ayuntamiento a la concesionaria, en caso de que deba realizar compensación alguna, y reitera su posicionamiento en contra de la subida de las tarifas del agua, teniendo en cuenta además que en este momento el agua suministrada a los mahoneses no es potable.

 

Durante el pasado mandato, el gobierno del Partido Popular inició la elaboración del correspondiente expediente del contrato de servicio de Agua y Saneamiento, que no existía, en él se incluyen los informes de intervención, de servicios económicos y de los servicios de obra pública.

 

Aparte de poner en conocimiento de la oposición toda la documentación del expediente al final del mandato 2011-2015, el equipo de gobierno del Partido Popular manifestó desde el inicio su negativa a aceptar las reclamaciones de la empresa concesionaria, porque los informes técnicos así lo recomendaban y porque suponía un incremento de las tarifas de un 33’58% para los ciudadanos de Mahón.

 

En cambio, el actual equipo de gobierno de Ara Maó (EU y PSM) y PSOE ha aprobado la propuesta presentada por Hidrobal sin contar con un estudio económico financiero que justifique el incremento de la tarifa del agua y la compensación por las inversiones, cuando el informe del interventor afirma que “el informe del responsable de SSEE, propone la denegación de las pretensiones de Hidrobal, debido a las irregularidades y defectos respecto a las facturas y actuaciones de incumplimiento del contrato por parte del concesionario”.

 

Antecedentes: el Ayuntamiento adjudica el servicio en 1989

 

La excusa de las inversiones. Fue el Pleno del 5 de octubre de 1989, quien adjudicó la concesión de agua potable y saneamiento a la actual empresa, por el periodo de 20 años, es decir, hasta el 31 de julio de 2009.

 

En el pliego de condiciones y contrato de concesión, se establecía básicamente que el mantenimiento y reparación de la red actual era a cargo del concesionario, y la expansión de nuevas redes, es decir, nuevas urbanizaciones, sería a cargo de la entidad promotora, sea el Ayuntamiento o una entidad privada.

 

En el Pleno de 26 de septiembre de 2002, se acuerda ampliar el contrato veinte años más, con la finalidad de que la empresa concesionaria pudiese participar en la financiación de unas inversiones, que en dicho pleno se denominaron el “nuevo plan integral de agua y saneamiento”, y en el que se anunciaban inversiones conjuntas entre las Administraciones y la empresa concesionaria por valor de más de 6 millones. ¿Dónde está la justificación de la supuesta inversión de más de 6 millones de euros que justificaron la prórroga del contrato por 20 años más, sí que se produjese su finalización, y nuevo concurso garantizando la pública concurrencia?

 

Inversiones: obras públicas ejecutadas sin expediente de contratación

 

De la lista de inversiones que ahora se trata de justificar, las cuales no coinciden las que figuran en el expediente administrativo en sus cuantías, conforme al pliego de cláusulas vigentes, algunas son de mantenimiento y reparación de la red, que es cargo exclusiva del concesionario, otras han sido cofinanciadas por Administraciones públicas, y otras no tienen nada que ver con el servicio dado en concesión.

 

La mayoría son obras públicas ejecutadas careciendo de expediente de contratación, de partida presupuestaria, y adjudicadas incumpliendo de forma total y absoluta el procedimiento establecido para la contratación pública. En definitiva contratos nulos de pleno derecho teóricamente ejecutados hace más de nueve años, y que resulta totalmente ilegal su repercusión al Ayuntamiento mediante la adenda al contrato de concesión, tal como expone acertadamente la intervención municipal.

 

En definitiva, el equipo de Gobierno Municipal, trata de repercutir a través de la tarifa del agua y pago directo mediante compensación, obras municipales ejecutadas irregularmente, incumpliendo de forma total y absoluta los procedimientos legalmente establecidos, que no son imputables de ningún modo su financiación a través de las tasas de agua, ni al contrato de concesión; y que suponen una gravísima irregularidad, sin que existan constancia de que dichas obras o bien debían ser las que justificaron la prórroga por veinte años por el acuerdo plenario del 2002, o las que justificaron el importante incremento del 17,50% acordado en abril del 2009, que también se trató de justificar en supuestas inversiones.

 

Teniendo en consideración dichos antecedentes, y el descontrol que el propio equipo de gobierno reconoce que ha existido en el seguimiento de las inversiones en esta materia, al carecer de informes técnicos independientes y cualificados que la adenda al contrato de concesión, resulta contrario a la defensa del interés general del municipio y de sus ciudadanos, proceder a la aprobación de la misma.

 

Incremento tarifa del agua:

 

La empresa alega la “ruptura del equilibrio económico” para la revisión de tarifas y adenda, cuando está cobrando las tarifas más elevadas de la Isla y se le amplió el plazo de concesión en veinte años para amortizar las inversiones, que según las enumeradas en el acta del Pleno donde se debatió el asunto, no han sido realizadas en su mayoría.

 

Además, cabe recordar que uno de los argumentos recurrentes del concesionario es el de afirmar que como los gastos fijos son superiores, se han incrementado las inversiones y el consumo es menor, debe incrementarse el precio del agua, a pesar de que su obligación es suministrar agua potable, es decir, agua, que cumpla con la normativa reguladora del agua para el abastecimiento de poblaciones, y resulta que durante el último año, hemos comprobado que el agua no cumplía con la normativa. Es decir, que contamos con agua de peor calidad pero a precio más caro.

 

 

X