El Grupo Popular propone al Govern diseñar un Plan de Mejoras Medioambientales con prioridad en redes de alcantarillado y depuración de aguas

El diputado menorquín Lluís Camps pide una moratoria de dos años en la aplicación de la Ley 12/2017, de Urbanismo, de forma que se puedan autorizar licencias previo compromiso de los ayuntamientos de ejecutar proyectos de saneamiento y mejoras en la red de agua.

El Grupo Popular cree que parte de los fondos europeos para la reactivación económica deben emplearse en estas infraestructuras para avanzar en mejoras mediambientales y reactivar la economía. Lluís Camps considera que el beneficio de estas inversiones ayudan al turismo, a la economía, al medio ambiente y a la población en general.

Depuradoras que van quedando obsoletas o resultan insuficientes para tratar los caudales que reciben; otras veces inexistentes; redes de saneamiento que todavía no han alcanzado a resolver los sistema de evacuación de aguas en muchas urbanizaciones y núcleos residenciales simplemente porque no hay proyecto, no hay impulso y falta inversión.  Son dos pinceladas escasas del atraso en que ha entrado un aspecto fundamental como es el adecuado tratamiento y organización del ciclo del agua, de forma desigual pero con deficiencias significativas en todas las islas, incluso contraviniendo la normativa vigente.

A partir de una realidad como la descrita, el Grupo Popular se ha lanzado a proponer un Plan de Mejoras Medioambientales. La propuesta, que promueve el diputado menorquín Lluís Camps, ha pasado ya por la correspondiente comisión parlamentaria, la de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en forma de proposición no de ley y ha obtenido una acogida suficiente como para ser tenida en consideración en el pleno del Parlament.

Ahora pasará un tiempo hasta que se produzca la votación en la Cámara y por este motivo el Grupo Popular pretende llamar la atención sobre el retraso en la intervención público-privada y las consecuencias medioambientales que está teniendo, por un lado, y la oportunidad de diseñar un plan global de actuaciones con el beneficio añadido de contribuir a reactivar la economía.

Con este planteamiento el diputado menorquín propone que el Govern ponga en marcha un Plan de Inversiones Medioambientales y de Reactivación Económica, para ejecutar proyectos de dotación de redes de alcantarillado (de acuerdo con las obligaciones contenidas en la Ley 12/2017, de 29 diciembre, de Urbanismo), la renovación de redes de abastecimiento de agua potable e inversiones en las estaciones depuradoras de la islas.

La idea es estimular el impulso a estos proyectos en coordinación con los municipios y contando con la inversión estatal así como con la aplicación de instrumentos financieros de fondos europeos destinados a la reactivación económica del país y a superar la grave crisis económica que ha producido la epidemia del coronavirus.  

El parlamentario menorquín defiende que dar un destino a proyectos de interés medioambiental tiene ventajas inmediatas pero también beneficios de largo alcance, tanto para las zonas urbanas como en urbanizaciones y se trata por tanto de un proyecto multiplicador con beneficios para los ciudadanos.

De forma complementaria pero a tenor de la realidad, la proposición no de Ley solicita una moratoria de dos años para que los ayuntamientos puedan cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 12/2017, de Urbanismo. En concreto se refiere el diputado a  los apartados b,c y d de la disposición que hacemos constar a continuación:

3.- Per a poder fer efectiva la possibilitat d’atorgaraquestes llicències d’edificació en el cas del supòsitindicat en el punt 2.d).i anterior, s’establiran elssegüents terminis:

a) S’establirà un termini màxim d’un any des de la data de 21 d’agost de 2016. Si durant aquest terminil’ajuntament no hagués aprovat el corresponentprojecte d’urbanització, de dotació de serveis o d’obresordinàriessegons sigui el cas- per a implantar la xarxade sanejament en la zona on es demandi la llicència i les connexions al sistema general de depuració, l’exempció que permet atorgar llicències, segons el que s’estableix en el punt 2 anterior, quedaràautomàticament sense vigència.

Quan el procés d’aprovació del projecte indicatrequereixi un informe preceptiu i/o vinculant o autorització d’una altra administració, el termini màximestablert quedarà interromput. A aquest efecte, no computarà en aquest termini el període comprès entre la data de sol·licitud de l’informe a l’administraciócorresponent i la data d’entrada a l’ajuntament de l’esmentat document. No obstant això, el termini no quedarà interromput en els períodes que excedeixin del legalment previst en què l’ajuntament no empleni elsrequeriments o les peticions de documentació realitzatsper l’administració que informarà o autoritzarà.

b) En les zones on s’hagi complert l’indicat en l’apartat3.a) anterior, s’establirà un termini afegit de dos anysdes de l’aprovació del corresponent projecte. Si durantaquest termini el corresponent ajuntament no haguésadjudicat les actuacions o obres corresponents al projecte referit anteriorment, l’exempció que permetiatorgar llicències, segons el que s’estableix en el punt2 anterior, quedarà automàticament sense vigència.

c) En les zones on s’hagi complert l’indicat en l’apartat3.b) anterior, s’establirà un altre termini afegit de dos anys des de l’adjudicació de les referides obres. Si durant aquest termini l’ajuntament corresponent no hagués executat les esmentades actuacions o obres, l’exempció que permeti atorgar llicències, segons el que s’estableix en el punt 2 anterior, quedaràautomàticament sense vigència.

d) En les zones on s’hagi complert l’indicat en l’apartat3.c) anterior, s’establirà un últim termini d’un any des de l’acta de recepció de les referides actuacions oobres. Si durant aquest termini l’administracióresponsable, l’ajuntament i/o el Govern, no haguésposat

en funcionament el sistema de depuració, distribució i emissió de les aigües depurades de manera adequada, l’exempció que permeti atorgar llicències, segons el que s’estableix en el punt 2 anterior, quedaràautomàticament sense vigència.

Las propuestas de Camps se refieren a aquellos casos en los que el Ayuntamiento mediante acuerdo del pleno haya expresado su compromiso de dotar de alcantarillado zonas urbanas que no cuenten con red de saneamiento, o en el caso de zonas urbanas en las que sea inviable la dotación de alcantarillado compromiso también de modificar el PGOU.

En relación a esa normativa, el diputado recuerda que la mayoría de los ayuntamientos se ven obligados a impulsar estas infraestructuras porque es frecuente que muchas urbanizaciones crecieran sin esos equipamientos, especialmente en áreas destinadas a segundas residencias y zonas turísticas.

Para Lluís Camps, la propuesta es una gran oportunidad para la puesta al día de todas las infraestructuras del agua, desde las redes de agua potable, a los tratamientos de depuración, los sistemas de reaprovechamiento de aguas depuradas, mediante la interconexión de redes. Entre otros aspectos, el diputado indica mejoras y ahorro en los riegos agrícolas, la limpieza de calles o mediante la reducción de fugas.

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