El Grupo Popular pide al Consell que defienda su autonomía para gestionar ordenación del territorio y no se someta a los dictados del Pacte de Progrés

Sugrañes exige a Mora y a Company que soliciten el borrador del texto y, como han hecho Eivissa y Formentera, defiendan la autonomía de gestión y la capacidad de decisión de la isla para ordenar su territorio de acuerdo con sus propias especificidades.

El Grupo Popular desmiente al consellerCompany. Hay riesgo de indemnizaciones y si se producen la factura recaerá también en las instituciones menorquinas, Consell y ayuntamientos y Govern balear.

La portavoz popular Misericordia Sugrañesrectifica el contenido de declaraciones del conseller Miquel Companys y puntualiza que “el dinero del Govern, es también dinero público que sale del esfuerzo de los ciudadanos y un representante político no se puede expresar con esta ligereza y menosprecio a la gestión del patrimonio común”.
La portavoz popular considera que Susana Mora se ha dejado arrastrar por la vorágine de gobernar a golpe de decreto y asegura que esta táctica traerá malas consecuencias para los menorquines.

El borrador del decreto es contradictorio con las previsiones del Plan Territorial Insular cuya redacción está costando a los menorquines medio millón de euros.

La portavoz del Grupo Popular, Misericordia Sugrañes, pide, solicita y reclama a la presidenta del Consell una acción contundente para frenar el decreto de moratoria en suelo rústico que pretende imponer el Pacte de Progrés.

Sugrañes reclama a Susana Mora que defienda la autonomía de la institución que preside y que defienda también las competencias que les han sido transferidas por ley, sin injerencias, sin imposiciones. Cualquier otra alternativa será una demostración más de sucursalismo, de sumisión y de incapacidad, ha declarado.

Sugrañes sostiene que es indignante que el equilibrio de fuerzas del Pacte de Progrés que da apoyo al gobierno de Francina Armengol se salde de modo tan perjudicial para Menorca y para los intereses de los menorquines, mientras la presidenta del ConsellSusana Mora permanece impasible, impávida y ajena a las graves consecuencias que puede acarrear la moratoria.

Al contrario que Eivissa y Formentera, que han exigido que se respete su autonomía y que el decretazo que se está cociendo no les afecte, Menorca, permanece atónita y genuflexa, acepta una regulación que hasta el propio conseller de Ordenación del Territorio, Miguel Company, dice desconocer en las declaraciones que ha volcado en prensa

Sugrañes exige a Mora mayor implicación y mejor acierto a la hora de delegar las áreas de gestión porque es del todo inadmisible que un miembro de su equipo, Miquel Company, admita estar fuera de juego  en una materia tan delicada y que tan grave perjuicio puede ocasionar para la isla.

No vale que Company diga que en caso de haber indemnizaciones éstas las pagará el Govern. No es sólo una temeridad sino una insensatez porque los representantes de las instituciones han de velar por el buen uso de los recursos públicos, cualquiera que sea su procedencia, ha querido recordar el Grupo Popular.  

Es más, las indemnizaciones que pudieran resultar dependerían del motivo por el que el urbanizable no se hubiera podido desarrollar. Desde esta óptica se desmiente además que el Consell y los ayuntamientos fueran a quedar libres de eventuales pagos de indemnizaciones.

Hasta el momento, de acuerdo con las filtraciones publicadas en la prensa, el decreto mantiene la desclasificación de urbanizables con carácter general. Por ello, tanto la presidenta como el conseller tendrían que estar solicitando ya el borrador del texto y someterlo a la consideración de las fuerzas políticas. Si se trata de una normativa sobre el territorio parece lógico que el Consell pueda debatir y pronunciarse al respecto y tener voz propia en lugar de que se resuelva en clave mallorquina.

Sobre las desatinadas declaraciones del conseller, Misericordia Sugrañes ha indicado que se equivoca si cree, como ha dicho, que “la incidencia será muy escasa”. Tenemos ya demasiada, por desgracia, demasiada experiencia en el pago de indemnizaciones y sabemos que muchos promotores defienden sus derechos ante los tribunales”, ha recordado.

El Grupo Popular denuncia por otra parte que esta nueva regulación en rústico, es opuesta a la que recoge el avance del PTI que publicó el Consell de Menorca, de acuerdo con una realidad propia de la isla. Por tanto, es contraria a la propia planificación de la institución que, hay que recordarlo, está abonando medio millón de euros en concepto de honorarios al equipo redactor del planeamiento como para ahora entrar a desconsiderar su trabajo.

Como conclusión de todas estas reflexiones, el Grupo Popular sugiere que Menorca no sea el tapiz donde se resuelvan las desavenencias de los grupos políticos que apoyan al Govern.

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