El Grupo Popular pedirá en Mahón cambios en el reglamento municipal de usos lingüísticos para poner fin al predominio administrativo del catalán
La portavoz, Águedad Reynés, recuerda que el texto articulado debe adaptarse a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y al dictamen emitido por el Consell Consultiupara acabar con las “discriminación” de la lengua castellana respecto al catalán.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mahón viene insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de corregir totas las situaciones de discriminación lingüística que se dan en el ámbito de esta administración local como consecuencia del Reglamento de Usos Lingüísticos aprobado durante el mandato 2015-2019.
Este asunto volverá, una vez más al pleno, en una propuesta en la que el grupo mayoritario apremia al equipo de Gobierno a modificar el texto articulado, adaptarlo a las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo, a las observaciones que emanan de un informe del Consell Consultiu de Balears (Decreto 49/2018, de 21 de diciembre, sobre e uso de las lenguas en Baleares) y a la reciente jurisprudencia que ha fijado la sentencia 634/2020 de 2 de junio, del Tribunal Supremo.
En Mahón, el reglamento se aprobó durante la etapa de alcaldía de Concha Juanola. Para el Grupo Popular no hay duda de que el Ayuntamiento está incurriendo de forma habitual en una discriminación de uso de la lengua castellana y con ello en una marginación lingüística de una parte importante de la ciudadanía. Todo ello ocurre a pesar del carácter cooficial de la lengua castellana, que viene consagrado en la Constitución Española y así recogido en el Estatut de les Illes Balears.
El propio término de cooficialidad indica la completa igualdad de uso de cualquiera de las dos lenguas por parte de los ciudadanos que tienen derecho y capacidad de optar cuando en sus trámites con la Adminsitración, ha recordado la portavoz popular Águeda Reynés.
El Reglamento de Usos que tiene en vigor y aplica el Ayuntamiento da prevalencia al uso de la lengua catalana sobre la castellana por lo que se está perpetuando un desequilibrio y una desigualdad de trato entre los administrados.
El Grupo Popular ya presentó en febrero de 2019 una propuesta en el sentido de corregir esta situación, toda vez que se conocieron las recomendaciones del Defensor del Pueblo que sugieren a la administración a actuar para tramitar la modificación que puede resultar compleja aunque es, en todo caso, abordable.
Los populares consideran que la nueva sentencia del Tribunal Supremo reafirma esta misma idea de adaptación a la Constitución y a l’Estatut que establece un régimen general de traducción al castellano de documentos, expedientes o resoluciones redactados en una lengua cooficial cuando hayan de tener efectos fuera del ámbito territorial.
Reynés, además, considera que ha transcurrido ya un plazo de cortesía suficiente desde que se produjo el relevo en la alcaldía, de manera que corresponderá ahora al socialista Héctor Pons liderar la corrección de un Reglamento para adaptarlo a la legalidad. En el Consell de Menorca, con una correlación de fuerzas políticas similar se aprobó la modificación del reglamento en el pleno celebrado el dia 20 de julio.