El Grupo Popular emplaza al Consell a definir en tres meses el proyecto de cruce en Rafal Rubí
Ejecutar el proyecto de mejora de la carretera general en el tramo de Mahón a Alaior, iniciado y paralizado desde hace seis años, fue una de las promesas con la que las diferentes fuerzas de izquierda concurrieron a las elecciones en 2019. Un año después de haber conformado un pacto, el equipo de gobierno del Consell de Menorca tiene aún atascado el proyecto.
Incluso después de haber conseguido allanar el camino de forma subrepticia mediante la aprobación del Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas de activación económica y simplicación administrativa, donde se incluyó una disposición adicional para forzaruna modificación de la Ley de Carreteras, que en teoría ha de permitir la demolición de estructuras existentes “sin menoscabo de la seguridad”, sigue sin clarificarse cuándo y cómo se ejecutará el proyecto.
El Decreto Ley 8/20202 quedó validado por el Parlament pero la mayoría que lo había propuesto como un mecanismo de aplicación inmediata de las disposiciones no reunió los votos suficientes para evitar que el decreto en cuestión tenga una tramitación parlamentaria como proyecto de Ley. En la práctica, eso supone no sólo un retraso en su aplicación (que se pretendía urgente) sino que el conjunto de medidas que contiene el decreto vuelve a pasar por consideración de todas las fuerzas políticas del Parlament y lo previsible es que en su tramitación se produzcan enmiendas, adiciones o supresiones de algunas partes. El texto podrá salir, por tanto, enmendado.
El Consell de Menorca ya se había adelantado a fijar postura comprometiéndose a pagar la reforma de este tramo de carretera con la esperanza de poder recuperar algún día la inversión del Gobierno central. La decisión sobre las estructuras elevadas para salvar los cruces de Rafal Rubí y La Argentina adopta una vía salomónica que propone suprimir el primer puente y mantener el segundo. En cuanto a la inversión no hay ninguna garantía de que el Gobierno la acepte como propia.
A partir de estos planteamientos, el Grupo Popular presentó una interpelación en el pleno del mes de junio para tratar de conocer más pormenores sobre la inversión y sobre las propuestas técnicas concretas que definirán el trazado de este tramo.
El conseller popular Adolfo Vilafranca, que ha hecho todo el seguimiento del proyecto, considera que las explicaciones de la consellera responsable de Carreteras, Francesca Gomis, fueron entonces insuficientes y escasamente clarificadoras. Ha transcurrido un año, quedan meses por delante hasta que se apruebe el proyecto de Ley (sin que se sepa el resultado ni la viabilidad de aplicar las medidas que contiene específicamente) y proseguimos sin garantías de recuperar la inversión que se realice, si se realiza.
El conseller aprovecha ahora la vía del debate político institucional para intentar que el equipo de gobierno avance en la definición de los objetivos que persigue.
Con todos los antecedentes expuestos, Adolfo Vilafranca ha presentado una moción en la que emplaza al equipo de gobierno del Consell de Menorca a definir finalmente y antes de que transcurran tres meses cuál va a ser la solución para el cruce con Rafal Rubí.
El Grupo Popular quiere que la decisión que se adopte tenga base y justificación en informes técnicos. Por eso, en un segundo punto de la moción, Vilafrancapropone que el equipo de gobierno encargue un informe interno en el que se establezcan la comparación entre la solución que pretende implementar el equipo de gobierno (si es una rotonda, un carril de espera…) respecto a la definición ya formulada por varios equipos técnicos y que pasa por resolver el cruce de Rafal Rubí con un enlace a doble nivel.
El Grupo Popular quiere que el estudio permita llegar a conclusiones y pide por tanto que se valoren los aspectos de seguridad y también la inversión económica que supondría ejecutar cualquiera de las soluciones posibles.
En último término, el Grupo Popular apela a la lógica y pretende que la conclusión de idoneidad que resulte del estudio técnico y económico sea la que se aplique. Se trata, como ha declarado el conseller, que “una infraestructura necesaria y estratégica para la movilidad y el transporte no se someta al capricho de voluntades políticas sino que responda a criterios técnicos de seguridad, viabilidad y horizonte de uso.”
Pregunta
A propósito de la carretera general el consellerVilafranca ha planteado también una pregunta ante el pleno. La pregunta nos traslada unos kilómetros más allá y se centra en la solución de un cruce conflictivo en terminadas épocas del año como es la confluencia entre la ME-1 y la carretera de Torre Solí.
En este caso, la pregunta trata de fijar fecha para el inicio de actuaciones en este punto kilométrico que anunció la consellera Gomis en el pleno del mes de enero. Recordamos que la propuesta pasaba por la instalación de un radar para la ralentización del tráfico.
El pleno del mes de julio se celebrará el próximo día 20.