El Grupo Popular denuncia que el Consell salva “in extremis” el servicio de transporte público regular con un encargo a las empresas de transporte hasta 2023
El Grupo Popular en el Consell de Menorca denuncia la inseguridad crónica que sufren las compañías de transporte de pasajeros por carretera ante la falta de una solución definitiva a los contratos.
El próximo lunes 21, “in extremis”, el pleno del Consell de Menorca aprobará con la mayoría del gobierno de izquierdas una nueva prórroga para evitar la caducidad de los contratos que, de otra manera se produciría dentro de diez días (31 de diciembre).
Tanto la solución como la situación de provisionalidad que se ha cronificado en el tiempo afectan a todas las compañías prestatarias de servicio y a sus diferentes líneas: a la empresa Valentín Roca Triay, que cubre la conexión Mahón-Fornells (y sus ramificaciones); la empresa Torres Allés, que abastece el servicio entre Mahón y el Aeropuerto; la empresa de transporte regular TMSA que enlaza todas las poblaciones con los tradicionales “correus” y también a la empresa Torres Allés como concesionaria del servicio público regular entre Ciutadella y las urbanizaciones del término municipal.
Cada una de estas compañías se encuentra en una situación específica pero todas tienen en común la falta de resolución en la adjudicación de las concesiones y contratos de gestión de las líneas que se va demorando desde hace años y más años.
El conseller Adolfo Vilafranca destaca como ahora, “in extremis” y cuando está a punto de caer la última hoja del calendario de 2020, el Consell va a parchear nuevamente el servicio de autobuses mediante un encargo de continuación de los servicios de transportedebido a que no es posible realizar más prórrogas. Esta figura no está contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público y obligará a realizar reconocimientos extrajudiciales de crédito por todo el importe del gasto del servicio, que se estima en 1,98 millones de euros para 2021.
Para el Grupo Popular no caben las excusas de la situación cierta y real que ha originado la epidemia de coronavirus y que ha ocasionado la pérdida de viajeros por parte de las compañías como consecuencia del confinamiento y de otras medidas de control sanitario, amén de la pérdida de trayectos turísticos. Entre marzo y junio de 2020 la caída de pasajeros se saldó en un 90 ciento por debajo del mismo período en el año anterior y entre junio y 31 de octubre se producía aún una pérdida del transporte regular del 66,234 por ciento y una pérdida absoluta de 882.134 usuarios.
Las circunstancias son reales y no se discuten desde la oposición, pero en todo caso considera que la situación de los últimos seis meses no puede servir de pretexto ni basta para enmascarar que el Consell de Menorca ha sido incapaz de dar estabilidad, dentro de las previsiones legales y adjudicaciones mediante concurso, a las compañías de transporte, como ha indicado el conseller Vilafranca.
Hay que destacar que en el mes de junio se aprobó el Plan Insular de Transportes, que establece incrementos de línias y cifras de ocupación que no tienen en cuenta la situación actual provocada por la Covid-19. Sobre este aspecto, el Grupo del Partido Popular citicó que no se corrigiera el Plan cuando ya se conocían las consecuencias provocada por la crisis económica y sanitaria. Esta falta de adaptación del Plan ha sido una de las causas por las que no se han podido licitar las nuevas concesiones.
Las compañías aceptaron el nuevo marco regulador provisional en el mes de noviembre y es ahora, al término del ejercicio y a punto de caducar las concesiones cuando el Consell parchea de nuevo el servicio de transporte de viajeros por carretera. Esta solución da una tregua a las compañías y a la propia institución, que podrán beneficiarse de una nueva y última “prorroga” que va a extenderse hasta finales del año 2022.
El Grupo Popular critica la atención que está mereciendo el servicio de transporte de carretera cuando además se supone que su utilidad responde a criterios estratégicos conocidos como son: dar servicio al turismo, frenar la intensidad de tráfico y las emisiones a la atmósfera, evitar problemas de colapso en los núcleos urbanos, playas vírgenes y otras zonas de especial atractivo para las visitas y, como resumen de todo ello, criterios de sostenibilidad ambiental.
Pues bien, para ser unos defensores de todas estas proclamas, considera el conseller Vilafranca, demuestran tener bien poca resolución y determinación a la hora de gestionar un servicio considerado de interés público.
El Grupo Popular amonestará al equipo de gobierno con estos argumentos, mientras mantendrá una postura de abstención para no perjudicar a las empresas prestatarias del servicio ni a los usuarios que éstas atienden.