El Grupo Popular de Mahón busca hacer un frente común contra la okupación ilegal de viviendas

El Grupo Popular intentará cosechar apoyos para la Proposición de Ley que debate el Congreso para garantizar el derecho a la propiedad privada, evitar la escalada del fenómenos de la okupación y acabar con las mafias que aprovechan la situación de desvalimiento de algunas personas para lucrarse y extender otros negocios ilegítimos.

La portavoz popular, Águeda Reynés,defenderá también la necesidad de aliviar la alarma social con medidas efectivas que anulen la impunidad de quienes usurpan bienes inmuebles y materiales y degradan el clima de convivencia social.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Mahón plantea hacer un frente común y cerrar un posicionamiento contrario a la práctica ilegal de la okupación de viviendas.

La portavoz, Águeda Reynés, registró ayer una propuesta de acuerdo que se dirige a todas las fuerzas políticas, pero en especial a aquellas que tienen representación en el Congreso de los Diputados, para que respalden la proposición no de Ley que pretende poner coto y fin a una actividad delictiva que atenta contra principios consagrados en la Constitución, como es la propiedad privada (art. 33).

Los populares quieren cosechar en Mahón el apoyo a la propuesta que se presentó a principios de año, con registro a 31 de enero, una iniciativa pionera para modificar la normativa vigente y corregir lo que ha derivado en un auténtico problema social y de convivencia.

La propuesta tiende a intentar levantar una voz de protesta desde todos los rincones de España en contra del abuso que se está perpetuando en nuestro país, donde las modificaciones legales han creado espacios de impunidad de quienes ocupan viviendas con propietarios legítimos, se apropian de bienes materiales y provocan en muchos casos la indefensión de muchas víctimas que está dejando esta práctica consentida y tolerada.

El Grupo Popular busca apoyo para que la Proposición de Ley que debatirá el Congreso salga adelante.

Son argumentos de la iniciativa, los siguientes:

Combatir la ocupación ilegal de viviendas, garantizar el derecho a la propiedad, la seguridad de las personas y bienes así como la convivencia social.
Se propone que la Policía pueda desalojar una vivienda ocupado en un plazo máximo de 24 horas, sin tener que esperar a que culmine un proceso judicial.
Establecer mecanismos disuasorios como penas con sanción económica  e incluso privación de libertad de uno a tres años por usurpación de bienes.

Los populares defienden que toda ocupación genera un abuso sobre terceros y no puede por tanto ser solución al problema de la vivienda. El Grupo Popular sostiene que es imprescindible combatir la escalada  de este fenómeno, que hay también que luchar contra las mafias que sacan provecho de alquilar viviendas que no les pertenecen y tranquilizar a la sociedad sobre la defensa efectiva de principios que como el de la propiedad rigen en nuestro sistema político.

La portavoz popular intentará convencer a sus compañeros de Consistorio que hay que rebajar la alarma social por este fenómeno, que además se ramifica a veces en otras actividades ilegales. Y la forma más efectiva de conseguirlo es evitando que se produzca el abuso de una minoría sobre la mayoría.

En el trasfondo de la propuesta, se pretende también desmontar el uso espúreo que hacen los okupas del principio de inviolabilidad de domicilio, diferenciando la forma de alojamiento legal de la que no lo es.  

La propuesta de los populares refuerza también la idea de modificar la Ley de Enjuciamiento Criminal y la Ley del Jurado, para combatir la acción de mafias organizadas  y ayudar a defender la propiedad individual como tambiñen así la propiedad jurídica de los inmuebles de forma efectiva.

Otro aspecto destacado reside en anular la posibilidad de inscripción en el padrón municipal con domicilio en una vivienda okupada.  

La proposición no regula los alzamientos hipotecarios ni de arrendamiento, de forma que se diferencia perfectamente entre los okupas y las personas que eventualmente  puedan pasar por problemas económicos.

El grado de acuerdo que alcalce el Ayuntamiento de Mahón sobre todos estos aspectos se trasladará al Gobierno, a la ministra de Justicia, a los portavoces de los grupos parlamentarios y a la FEMP.

 

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