El Grupo Popular avisa de que los proyectos del ITS no ejecutados “cederán” sus fondos a los planes del Govern de reconstrucción económica

El decreto ley 8/2020 que pasará a convalidación por el Parlament el próximo martes anula directamente todas las iniciativas pendientes de 2016 y preveetambién congelar las inversiones de otras anualidades de la “ecotasa” que no se hayan iniciado,  generado obligaciones o se consideren estratégicas.

La portavoz del Grupo Popular, Misericordia Sugrañes, solicita que los fondos asignados a Menorca que reúna el Govern balear se inviertan en la isla dentro de los planes de relanzamiento económico.

Sugrañes propone a la presidenta del Consellque reúna a la mesa de alcaldes para tratar este asunto con carácter monográfico y analizar el efecto sobre la Isla de las medidas del decreto ley 8/2020

La consellera propone también que el dinero revierta en proyectos de reanimación económica a desplegar en la propia Isla

Todos los proyectos incluidos en el plan de inversiones del impuesto turístico sostenible correspondientes a la primera anualidad de aplicación de este programa, la de 2016, que no se hayan ejecutado van a quedar inmediatamente anulados y sus fondos se redigirirán a los planes de reconstrucción económica y que promoverá el Govern.

Igualmente, otros proyectos (o parte de ellos) de ejercicios posteriores que están asimismo pendientes de desarrollo, no hayan generado obligaciones de pago u otros derechos y no se consideren estratégicos perderán también la asignación económica con los mismos fines.

Así queda establecido en el artículo 36 ,del Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, por el que se adoptan una serie de mediasurgentes y extraordinarias  para el impulso de la actividad económica y la simplicación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la epidemia de la COVID-19.

Es una de  primera de las disposiciones del capítulo V del decreto Ley 8/2020 que el martes 2  (mañana para los medios de comunicación) pasará por el trámite de convalidación parlamentaria y empezará, por tanto, a ser de aplicación.  

El Grupo Popular ha analizado el texto y por de pronto colige que la medida tendrá afectación en Menorca, donde algunos proyectos impulsados por los ayuntamientos o por el propio, por motivos de distinta índole se han visto retrasados y ahora peligran. Con seguridad, no se ha llevado a cabo la gestión de compra de seis inmuebles anexos al Convent de Sant Diego, de Alaior, para lo que existía un presupuesto de 884.000 euros, programada en 2016. Pero también han quedado por el camino otras iniciativas como la adquisición a la Fundació Sa Nostra de la antigua Iglesia de Sant Josep, en Ciutadella,  cuyo importe ascendía a 321.000 euros, después de que la propiedad descartara la venta.

Hay más proyectos en ciernes, algunos más recientes, como la conversión de las antiguas pedreras de sa Raval Vella, de Es Castell , en el centro Thalasa, con  748.000 euros, o la restauración de la finca Milà Nou, cuya primera fase tenía un importe de 1,7 millones de euros,  y tantos otros, como la restauración de la torre de Defensa de Sa Nitja (un proyecto para el que se iniciaron los trámites de licitación en el mes de marzo), la restauración de Binicodrell de Darrerra, en Es Migjorn, para reconvertirlo en un museo del Jaleo y Centro de Interpretación Arqueológica (con casi 1,2 millones de euros), probablemente la restauración de algunas torres costeras…

Estarían también en riesgo los proyectos de la última anualidad aprobados en octubre de 2019, cuya tramitación no haya comenzado, entre los que se incluyen la reforma de la Sala Augusta y su adecuación como Conservatorio de Música y Danza de Menorca  (6,9 millones), el proyecto de ecoturismo Beegreen promovido por el Consell (750.000 euros), el Centro Integrado de FP de Hoteleria y Turismo en Ciutadella (1,5 millones), promoción de viviendas VPO en Fornells  y algunas obras hidráulicas, si no es que se declara el carácter estratégidode estas iniciativas.  

Hace falta un análisis exhaustivo, proyecto a proyecto, un estudio determinante, y por ello, la portavoz del Grupo Popular ha pedido ya a la presidenta Susana Mora que convoque urgentemente una mesa de alcaldes para analizar conjuntamente la nueva situación que se creará a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley.

Misericordia Sugrañes ha presentado a ese propósito una propuesta de acuerdo que se verá en el pleno del mes de junio, convocado para el día 22, sin perjuicio de que la propuesta de reunión pueda adelantarse al acuerdo y abordarse cuanto antes.

Sugrañes destaca que podemos estar hablando de una importante suma de dinero. Si bien es cierto que todas las administraciones han tenido que hacer un ejercicio para readaptar las previsiones de inversión a la nueva situación que se ha creado tras el coronavirus, para Menorca esto podría suponer la retirada de cuantiosas inversiones aprobadas en los últimos años”, ha declarado.

Por estos motivos, precisamente, Sugrañes ha pedido al Consellde Menorca que entable negociaciones con el Govern balear y garantice que en caso de que el dinero de inversiones aprobadas para la isla vaya a nutrir un fondo general, esas mismas cantidades revierta en inversiones dentro del propio territorio. Eso es, asegurar que el dinero de los proyectos sujetos a ese “desistimiento obligatorio” se invierta en la reactivación económica de la isla.

La portavoz del Grupo Popular ha hecho también una valoración política. En primer lugar expresa el malestar por el hecho de que el Consell de Govern haya decidido UNILATERALMENTE y vía decreto Ley dar un nuevo destino a inversiones interesantes para la isla, sin contar para ello ni con el Consell ni con los ayuntamientos que promovieron las propuestas de inversión.

Más que eso, el propio Consell de Govern en el acto por el que aprueba el texto del Decreto Ley, anula temporalmente de la Comissió d’impuls de Turisme Sostenible,  un órgano plural en el que se se decidían el reparto de los fondos de la mal llamada “ecotasa”, en el que entre otros miembros estaba representado el Consell de Menorca a través de su presidenta, Susana Mora.

El Grupo Popular asiste con preocupación a estas actuaciones recentralizadoras, que pasan por encima de las decisiones adoptadas sin ni siquiera una comunicación previa.

De hecho, Sugrañes ha recordado que el último reparto de fondos ya resultó polémico después de que ninguna de las propuestas municipales fuera tenida en cuenta, por una parte, así como tampoco se consultaran a otros agentes y entidades sociales. De otro lado, recuerda el malestar que generó que secargaran al fondo de la ecotasa inversiones ya aprobadas en presupuestos de la CAIB de ejercicios anteriores o inadecuadas al propósito como es el caso del proyecto del Conservatorio y de la Escuela de Hostelería proyectada para Ciutadella, proyectos ambos que deberían financiarse con partidas de Educación. Ha recordado también que el Consell aprobó de forma unánime la revisión de los criterios y de los fondos, sin que el Governatendiera la petición.

En el momento actual, el texto del Decreto confiere a las Consellerias de Hacienda y de Modelo Económico, Turismo y Trabajo para disponer de los fondos que resulten.

El decreto obliga a todas las entidades promotoras de las iniciativas –o sea, Ayuntamientos y Consell–a informar sobre los proyectos que están sujetos a las disposiciones.

En análisis  provisional que ha hecho el Grupo Popular no incluye la totalidad de los proyectos susceptibles de verse afectados y además tampoco se centra en aquellas otras iniciativas de ejecución conjunta promovidas por el Governbalear para todas las islas, por no disponer de control sobre las acciones que efectivamente se han podido ejecutar total o parcialmente.

Por todo ello, precisamente, la portavoz del Grupo Popular urge a estudiar este asunto con detenimiento.

ANEXO

(BOIB Nº 84, 15 de mayo 2020)

Article 36 Aplicació dels recursos disponibles del fons per afavorirel turisme sostenible a despeses i inversions per pal·liar els efectesde la crisi de la COVID-19 i potenciar la recuperació económica

1. S’autoritza el Consell de Govern perquè, a proposta conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, destini els recursos integrantsdel fons per afavorir el turisme sostenible a les despeses i les inversions que esconsiderin necessàries per pal·liar els efectesderivats de la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la COVID-19 i potenciar la recuperació econòmica de les Illes Balears, amb excepció de la part d’aquests recursos destinada a finançar projectes aprovats en el marc dels plans anuals del turismesostenible l’execució dels quals es consideri estratègica o ja hagidonat lloc a compromisos jurídics o a obligacionsde pagament de l’entitat gestora del projecte davant terceres persones o entitats. Per a això, les conselleries i la resta d’entitats públiques gestores de cada un dels projectes han de comunicar a les conselleriesd’Hisenda i Relacions Exteriors i de Model Econòmic, Turisme i Treball, d’acord amb els criteris que aquestes determinin, elsprojectes no iniciats i elgrau d’execució dels projectes en curs, ambl’objectiu de conèixer els recursos susceptibles de ser destinats a les finalitats a què es refereix elparàgraf anterior. Per mitjà d’un acorddel Consell de Govern, previ o simultani a l’acord a què fan referència el primer paràgraf d’aquest apartat i l’apartat 2 següent, a proposta conjunta de les conselleries abans esmentades, s’han de relacionar els projectes o la part d’aquests que no s’executaran, itambé els recursos corresponents, i aquest acord implica l’anul·lació de les obligacions reconegudes pendents de pagamentcomptabilitzades en la secció pressupostària 37 o, pel que fa alsprojectes corresponents al Pla Anual d’Impuls del TurismeSostenible de l’any 2016, en les seccions pressupostàriescorresponent.

2. Les aplicacions que, en forma de projectes o de línies de despesao inversió, acordi el Consell de Govern, que s’han d’imputar al programapressupostari de despesa 413G (accions públiquesrelatives a la COVID-19), al qual fa referència l’article 11 del Decret llei 4/2020, de 20 demarç, de mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveissocials, medi ambient,procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i implicaran l’autorització prèvia al conseller o a l’òrgan competent per a l’autorització de la despesa a què es refereix L‘article 72.2 de la Llei14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònomade les Illes Balears, i també per a la subscripciódel contracte, la subvenció, el conveni o el negoci jurídic corresponent en cada cas, en els casos en què la legislació pressupostària o sectorialestableixila necessitat d’aquesta autorització prèvia.

3. Els recursos alliberats com a conseqüència de l’anul·lació de les obligacions reconegudes a què fa referència el darrer paràgraf de l’apartat1 s’ingressaran en el compte no pressupostari que determini la Intervenció General de la Comunitat Autònoma i habilitaran l’aprovació delsexpedients de generació de crèdit que calguin en els estats de despeses del pressupost corrent de l’Administració de la Comunitat Autònoma o del Servei de Salut de les Illes Balears, durant un termini màxim de tres exercicis, d’acordamb les aplicacions que acordi el Consell de Govern, o les sevesmodificacions, a què es refereix l’apartat 2.Pel que fa a la resta de crèdits de la secció pressupostària 37 sobre els quals, si s’escau, no s’hagi comptabilitzat el reconeixementd’obligacions, s’han de tramitar les transferències de crèdit que calguin en els estats de despeses del pressupost corrent de l’exercici 2020.

Article 37 Suspensió per a l’exercici de 2020 del funcionament de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible i l’aprovació del plaanual del turisme sostenible

1. Per a l’exercici de 2020, se suspèn el funcionament de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible pel que fa a l’aprovaciódel pla anuald’impuls del turisme sostenible d’aquest exercici de 2020, el qual, per tant, no s’ha d’aprovar.

2. A aquest efecte, no hi seran aplicables les normes que conté el primer paràgraf de l’apartat 2 de l’article 2 i els articles 19 i 20 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l’impost sobre estades turístiquesa les Illes Balears i de mesures d’impuls del turisme sostenible, ni tampoc lesdisposicions de desplegament concordants del Decret35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impostsobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turismesostenible, i els recursos del fons per afavorir el turisme sostenible corresponents a l’exercici de2020 s’han de destinar a finançar les despeses i les inversions que es considerin necessàries per pal·liarels efectes derivats de la crisisanitària, social i econòmicaprovocada per la COVID-19 i potenciar la recuperació econòmicade les Illes Balears.

3. L’execució dels projectes aprovats en el marc dels plans anualsd’impuls del turisme sostenible corresponents als exercicis de 2019 ianteriors, o de les seves modificacions, s’ha de fer d’acord amb les normes de la Llei 2/2016 i del Decret 35/2016 aplicables al tempsdel’aprovació o la modificació d’aquests plans i projectes, ambexcepció dels projectes o la part d’aquests que no s’hagin d’executard’acord ambl’article 36 d’aquest Decret llei, els quals s’han de regir pel que estableix el dit article.

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