El Govern pedirá que las fuerzas de seguridad en Baleares equiparen sus retribuciones a las que tienen las policías autonómicas, a propuesta del PP

El Grupo Popular consigue también que el Parlament reivindique ante el Gobierno la suficiencia de medios materiales y personales para que los cuerpos de seguridad del Estado puedan cumplir con sus cometidos de acuerdo con las previsiones del reglamento.

• Las fuerzas de izquierda impiden elevar otras reclamaciones como el reconocimiento de un plus de residencia similar al que rige en Canarias o el ofrecimiento de pisos protegidos para estos colectivos.

• El diputado Lluís Camps cuantifica el déficit de efectivos en 218 policías nacionales y 344 guardias civiles.

El Govern balear pedirá al Gobierno de la nación que empiece a aplicar el Acuerdo de Equiparación Salarial y consolide en una Ley de Retribuciones Básicas el objetivo de armonizar las retribuciones y salarios de los Cuerpos de Seguridad del Estado a los que perciben los miembros de las policías autonómicas.

Así ha de ser si se cumple el mandato del Parlament que esta semana ha aprobado este punto –en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales—dentro de una batería de propuestas que contenía una Proposición no de Ley formulada y defendida por el diputado menorquín Lluís Camps.

La Comisión aceptó también reconocer el trabajo y la dedicación que han desplegado las fuerzas de seguridad durante la difícil etapa del estado de alarma, mientras, por otra parte solicitará también al Govern que defienda la completa dotación de recursos materiales y humanos para que los cuerpos de seguridad en las islas puedan desempeñar su función en las condiciones que prevén los reglamentos y que actualmente no se cumplen en su totalidad.

Estos son los acuerdos adoptados dentro de un paquete de propuestas mucho más amplio con el que el Grupo Popular pretendía contribuir a resolver las dificultades actuales que impiden estabilizar las plantillas de las fuerzas de seguridad en Baleares, completar las previsiones de efectivos que corresponden a necesidades de seguridad en el territorio y en definitiva acabar con la infradotación y el alto grado de interinidad de los efectivos que se desplazan a las islas.

El diputado Lluís Camps, la presidenta insular del PP, Misericordia Sugrañes, y el presidentet Gabriel Company sostuvieron hace unos meses un encuentro con los profesionales de los cuerpos de seguridad y recogieron sus reivindaciones que de forma escueta pueden resumirse en el siguiente planteamiento:

– la insularidad, la deficiente conectividad aérea y el alto coste de la vivienda son los aspectos determinantes que influyen de forma negativa a la hora de consolidar plantillas en un territorio y permitir el desarrollo de su carrera profesional en este entorno.
– el exceso de rotación cronifica una situación de interinidad en las plantillas, genera vacantes de difícil cobertura y repercute, evidentemente en la calidad del servicio.

Los datos recogidos en la PNL de Lluís Camps reflejan la situación del momento en Baleares. De acuerdo con el catálogo de puestos de trabajo, en la Comunidad Autónoma existen 1767 plazas del Cuerpo Nacional de Policía y 2.264 de Guardia Civil, con un décifit de efectivos calculado en 218 y 344 efectivos.

Además de los aspectos que se han mencionado, sin duda la cuestión salarial tampoco acaba de estimular la llegada y establecimiento de miembros de los cuerpos de seguridad y por ello no es raro que en ocasiones determinadas se haya tenido que reforzar servicios con personal desplazado desde la península.

Las fuerzas parlamentarias de izquierda, no obstante, han rechazado respaldar otras iniciativas que tendían a compensar los aspectos de insularidad y carestía de la vía mediante la adopción de pluses de residencia como los que rigen en la comunidad canaria.

Tampoco aceptaron ofrecer soluciones de vivienda protegida para albergar a estos colectivos profesionales ni, finalmente, se aceptó solicitar la Gobierno que dote económicamente a las asociaciones de Guardia Civil para que puedan ejercer las reivindicaciones laborales en la misma medida que sí se contempla para la Policía Nacional.