El Govern balear, a favor de las medidas fiscales que redacta el Gobierno para fomentar y facilitar la actividad de los autónomos

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Asunción Pons, ha defendido hoy las medidas impulsadas desde el Gobierno central y el Govern de Baleares dirigidas a emprendedores. Durante el debate de una proposición no de ley, presentada por el Grupo Més, relativa al nuevo estatuto para el autónomo, la portavoz de Economía del PP en el Parlament ha recordado que el Govern ya ha explicado que desde Madrid se está redactando una reforma del sistema tributario que afectará a pymes y autónomos, así como a las comunidades autónomas, por lo que hay que conocer, primero, el contenido y alcance de la reforma.

 

Cabe destacar, que el ministerio de Hacienda tiene un calendario fijado para este año y presentará en el mes de junio las medidas para la Reforma Fiscal a las Cortes Generales. Además, el Ministerio no tomará ninguna decisión hasta haber valorado el informe encargado a un Comité de Expertos sobre esta materia.

 

Las propuestas que han redactado los técnicos tributarios afectan de lleno a la competitividad de autónomos y pequeñas y medianas empresas, y consisten en:

 

  • Eliminación de la tributación por módulos, al considerar que provoca importantes bolsas de fraude. A la vez, se mantiene el método directo de estimación simplificada del IRPF, pero aplicado solo a actividades con un volumen anual de operaciones muy reducido.
  • Aumento y reclasificación del IVA, que no afectará a sectores como transporte, turismo y hostelería.
  • Supresión del régimen simplificado del IVA, que se aplica a aquellos autónomos que cotizan en estimación objetiva (módulos) y se puede renunciar, si lo consideran conveniente.
  • Bajada del Impuesto sobre Sociedades de forma progresiva. El objetivo es pasar del tipo actual, del 30 por ciento, a un 25 en una primera fase, para llegar al 20 por ciento en una segunda fase.
  • Eliminación de algunas exenciones al IRPF.
  • Reducción se las cotizaciones sociales, que se compense con incrementos adicionales y equivalentes de la imposición indirecta. Consiste en una nueva distribución de las cotizaciones entre empresarios y trabajadores.

 

Asunción Pons ha recordado también que el Gobierno del Estado ha solucionado un problema histórico que sufrían los autónomos, el IVA de caja, de forma que no se tiene que pagar el tributo hasta que no se haya cobrado. La manera para evitar que los autónomos tengan que financiar a otra empresa o a la Administración. Además, ha valorado muy positivamente la iniciativa del ministerio de Hacienda, entre las distintas para reformar la fiscalidad de los afiliados al Régimen de Trabajadores Autónomos, para que puedan cotizar en función de sus beneficios, tal como ha pedido el presidente de la Federación de Autónomos, Lorenzo Amor. De ese modo, se conseguirá que quien tenga más ingresos pague más, ya que en España hay, a día de hoy, unos 700.000 autónomos que ganan más de 30.000 euros anuales y que cotizan por la base mínima, dirigida a unos ingresos de unos 10.300 euros al año.

 

La diputada menorquina ha destacado que el Govern de José Ramón Bauzá ha manifestado la voluntad de no modificar los tributos a lo largo de 2014, para facilitar la consolidación del proceso de recuperación, que ya reflejan numerosos indicadores. También ha manifestado el conseller de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, que en 2015 cualquier modificación que se haga en materia de impuestos, será para bajarlos y garantizar así, la recuperación económica.

 

En relación al punto quinto de la proposición, Asunción Pons ha explicado que el Real Decreto Ley 3/2014, de Medidas Urgentes para el Fomento de la Ocupación y la Contratación Indefinida, establece medidas que benefician a las empresas que incrementan sus plantillas. La llamada ‘tarifa plana de 100 euros’, aprobada con esta norma, hace posible una importante rebaja con la reducción de las cotizaciones, de forma que, antes de entrar en vigor, un contrato con base de cotización de 1.000 euros, pagaba 299 euros; mientras que ahora paga 163.

 

El Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra de la proposición al considerarla “precipitada, propone actuaciones que ya se llevan a cabo y no tiene en cuenta las medidas planteadas por el Comité de Expertos del ministerio de Hacienda”.

 

 

 

 

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