¡El cerdito, no!

Somos muy conscientes de que estamos ante una pandemia de gravísimas consecuencias que se miden ya, por desgracia, en miles de vidas humanas y que tendrán también un atroz resultado para la economía. Decir economía es casi un eufemismo cuando lo que tenemos que entender es que el estado del bienestar entra en un descalabro profundo  y con él las condiciones de vida muchas familias, muchos ciudadanos.

Baste esta introducción para señalar que estamos preocupados –no sólo por la catástrofe humanitaria que azota todo el planeta—sino por la concatenación de efectos que van a desmontar en gran medida unos niveles de confort, servicios y prestaciones, un nivel de vida, que habíamos alcanzado y a los que no querríamos renunciar.

Dentro de este contexto, dentro de un desbarajuste de medidas que se improvisan en una situación cambiante y límite, nos ha llegado uno de esos globo-sondas con los que el gobierno de Pedro Sánchez acostumbra a preparar el terreno para inmediatamente actuar: ahora se han fijado en los remanentes que tienen los ayuntamientos y otras corporaciones como el Consell, y todo apunta a un intento centralizador, requisador o confiscatorio si se prefiere, de esos recursos.

Los remanentes de los ayuntamientos, bien lo sé, son el resultado de muchos años de esfuerzo, de contención en el gasto, de economía de guerra, de sacrificios de los ciudadanos. Después de la anterior crisis (aquélla de los brotes verdes que nunca acababan de salir) el gobierno de Mariano Rajoy consiguió impedir el rescate económico por la UE. Los ayuntamientos tuvieron que ceñirse al rigor oprimente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y empezar a pagar la deuda y los desmanes de quienes habían calculado mal.

A partir de 2014, con fuertes críticas, el ministro Montoro estableció que además había que obedecer una regla de gasto. En la práctica eso supuso que si un año tenías 100 y sólo gastabas 80, al siguiente tendrías que gastar sólo 80 e ir guardando los excedentes. De alguna manera el que más cumplía con la contención de gasto mayormente se veía impedido de hacer inversiones y además se perjudicaba para el siguiente ejercicio.

Las medidas de Montoro, pese a las críticas, fueron eficaces para meter a los ayuntamientos y otras administraciones en cintura, para corregir un déficit desaforado en el que se habían metido por inercia y con poca cabeza muchas administraciones.

Cuando en los ayuntamientos, con esfuerzo de todos y mejor dirección, consiguieron la esperada estabilidad, las recetas de Montoro empezaron a parecer excesivas, comparable a mantener el paraguas abierto cuando ha dejado de llover hace horas.

Yo misma, como alcaldesa y en contra de las directrices que dictaba el Gobierno de Mariano Rajoy, me adelanté a pedir que se aligerara aquella losa para los ayuntamientos cumplidores. Después se sumaron a este carro los oponentes políticos, criticando que hubiera remanentes en las arcas y no se pudieran acometer inversiones necesarias. Estábamos de acuerdo, pero eso sí, los apremios que arreciaron hacia el gobierno popular se atenuaron para el nuevo gobierno de extraña confabulación, que no ha llegado ni a suprimir ni a atenuar esas disposiciones que tanto denostó.

En octubre de 2019 se calculó que en Baleares existían unos remanentes de 555 millones de euros. Cada institución conoce los suyos como sabe también a qué podría destinar esos recursos.

Si no fuera tristísimo todo, hasta podríamos bromear con la paradoja y hasta paronomasia que encierra el hecho de que la ministra Montero quiera hacerse con los beneficios que dio origen la política del ministro Montoro: el trasvase Montoro-Montero.

Sabemos que son tiempos de solidaridad, pero no creo que la solidaridad tenga que imponerse a fuerza de desvalijar a los que se sacrificaron en su día y también ahora van a necesitar esos recursos.

Hasta donde ha trascendido el globo-sonda, el Gobierno pretendería centralizar esos recursos. No nos tranquiliza nada, porque en un extremo de la periferia nacional mucho es de temer que no revirtieran esos fondos. En cambio sí sabemos a dónde irán los ciudadanos el día que se abra la veda, puedan salir de casa y no tengan recursos porque la economía habrá estado congelada demasiado tiempo: a las instituciones de proximidad.

El globo-sonda anuncia un retorno del dinero dentro de un plazo impreciso. A nosotros nos recuerda también el proceder del Govern balear que hace apenas unos meses, obligado también por su mala gestión de un año electoral con gastos miles, puso la mano en los remanentes de los centros escolares, colegios que en muchos casos guardaban ese dinero para poder afrontar urgencias precisamente porque la Conselleria de Educación no es ágil en dar respuesta cuando se estropea una calefacción o hay que cambiar una ventana.

En el PP estamos convencidos de que los ayuntamientos, que han acumulado sus remanentes con sacrificio y esfuerzo de todos, cuidarán de esos recursos y les darán un buen uso en los casos de necesidad que ya empiezan a llamar a la puerta.

Por todo ello en días pasados ya pedimos al Consell y al Govern que actúen para impedirlo.

Que no nos toquen el cerdito.

Misericordia Sugrañes

Presidenta del PP-Menorca  

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