Burla del tripartito del Consell a todos los menorquines con el alquiler turístico
El carrusel de despropósitos y engaños del tripartito formado por PSOE, PSM-Més y Podemos en el Consell Insular de Menorca en relación al alquiler turístico no tiene fin.
Después de haber dicho por activa y por pasiva en el pasado mandato que el alquiler turístico era un buen instrumento para redistribuir la riqueza turística; de haber hecho una ley en el Parlament para, en teoría promoverlo, fomentarlo y regularlo; de haber prometido consenso, diálogo y participación; de haber man-tenido una moratoria durante casi un año; de no aceptar ni una sola de las alegaciones de partidos, sociedad civil, agentes sociales y ayuntamientos, incluso gobernados por los mismos partidos, y de haber rechazado sistemáticamente las ofertas de acuerdo basadas en la moderación, la sensatez y el sentido común lanzadas por el Partido Popular; el lunes se aprobó la prohibición con el voto en contra del Partido Popular y sin ninguna razón objetiva que lo avale, perjudicando a miles de menorquines y a la sociedad en su conjunto.
Dos días después, la presidenta insular se supera al anunciar a bombo y platillo que la prohibición es, de momento, papel mojado y que los servicios de inspección harán la vista gorda permitiendo una barra libre sine die a los propietarios que decidan incumplir la ley.
No cabe duda de que se trata de un anuncio trampa, ya que los propietarios siguen corriendo el riesgo de ser sancionados, si los vecinos les denuncian.
Peor no se puede hacer. Genera inseguridad jurídica y premia a los propietarios que no cumplen la ley y castiga a los que sí lo hacen, lo que genera discriminación e indefensión, además de dejar en una situación de vulnerabilidad a todos los afectados.
El anuncio del miércoles es la guinda del pastel y el reconocimiento expreso de Mora del error cometido.
No es admisible que una administración anuncie impunidad para los que in-cumplen una normativa dictada por esa misma administración. Es un mal ejemplo que no es admisible en una sociedad seria.
La medida premia a los ciudadanos que han decidido trabajar en la clandestinidad y la opacidad y castiga a los propietarios que retiraron sus casas del mercado por la moratoria y han perdido la temporada.
Si este viaje tenía que acabar con la impunidad ante la ilegalidad, se debió haber hecho de otra manera. Lo mínimo exigible es que todos podamos trabajar en igualdad de condiciones y no crear menorquines de primera y de segunda, y que encima los privilegiados sean los que incumplen la ley.
Y todavía falta el capítulo final de este vodevil que se desvelará cuando el tripartito anuncie qué criterio piensa aplicar en el PTI para acabar con la situación de transitoriedad que se ha generado con la zonificación.